10 PROPUESTA PARA LA INSEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO - GRUPOS SELETTI - BUENOS AIRES

La actual crisis de inseguridad debe ser entendida y enfrentada desde una perspectiva amplia, que reconozca en su conjunto el incremento de los delitos y la violencia, la incapacidad de las instituciones públicas para hacerles frente con éxito, la diseminación de la desconfianza hacia dichas instituciones y el temor entre los gobernados. No han cesado las reformas legales, la reorganización de las instituciones, la publicación continua de programas oficiales, el crecimiento de la participación ciudadana y la intensa cobertura por parte de los medios. Todos esos esfuerzos no han arrojado los resultados esperados, por lo cual el Instituto que represento propone su profunda reorientación, a través de las siguientes 10 acciones, mismas que deben ser leídas y valoradas de manera articulada:

1. Reintegrar a la sociedad en torno al respeto a la ley y a los derechos humanos, por medio de una campaña intensa, masiva e integral de fomento a la cultura de legalidad.

La desintegración social crea espacios de oportunidad e incentivos para la inseguridad, la delincuencia y la violencia. La campaña mencionada hace lo contrario porque cohesiona a la sociedad en torno a valores de respeto y solidaridad. Ella debe involucrar de manera organizada y corresponsable, al menos, a las autoridades de la Ciudad, el sistema educativo, los medios de comunicación y la sociedad civil.

2. Superar la falsa disyuntiva entre la eficacia en la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos, por medio de la implementación de sistemas modernos de rendición de cuentas.

Tales sistemas permiten medir, controlar y evaluar los resultados concretos y diarios en el desempeño de cada uno de los representantes de las instituciones, para de esa manera sancionar inmediatamente los malos comportamientos y premiar los buenos. A mayor control de las instituciones, corresponde mayor eficacia en el ejercicio de sus atribuciones y menores riegos de violación a los derechos humanos. Menores controles provocan arbitrariedad, abuso, violación a derechos y debilidad institucional.

3. Superar el espejismo del endurecimiento penal y dirigir la presión social hacia la eficacia de las autoridades, mediante la creación de informes mensuales de resultados contra la delincuencia y la violencia, accesibles a todo público y presentados por los medios de comunicación en los horarios de mayor audiencia.

No hay evidencia empírica para afirmar que el incremento de las penas reduce los delitos. En 1931 la pena máxima contra el secuestro era de veinte años de cárcel, hoy es de setenta y el incremento de ese delito no ha cesado. Es necesario cambiar el enfoque de manera que la sociedad pueda exigir cuentas a partir de la información periódica de resultados.

4. Reintegrar la policía preventiva a la sociedad, mediante la adopción prioritaria, por parte de todas las instituciones policiales uniformadas, de programas de prevención comunitaria del delito y de policía comunitaria.

Estas son las vías para rescatar la credibilidad y el apoyo social hacia la policía, porque hacen posible su acercamiento a la comunidad, al tiempo que transparentan su desempeño cotidiano. La policía debe contar con grupos especiales altamente capacitados para la atención inmediata a hechos violentos, pero el eje de su relación con el público en general está en la capacidad de comunicarse con el mismo. La comunicación entre la policía y la comunidad es la clave del éxito de estos programas, mismos que crecen de manera acelerada en los cinco continentes.

5. Incrementar la calidad del desempeño policial, mediante la creación de monitores independientes especializados.

El factor más importante que ha permitido la descomposición de la policía es que operan en la oscuridad. La sociedad tiene acceso mínimo o nulo a su vida interna, lo que ha creado oportunidades para todo tipo de desviaciones. La transformación de la policía es mucho más posible si es supervisada y apoyada desde instancias externas, a las cuales se les otorgan facultades legales plenas para observar su vida interna y emitir recomendaciones de cara a la sociedad. Este tipo de monitores han adoptado diversas formas fuera de nuestras fronteras y su éxito está demostrado.

6. Proteger a los policías mediante la creación del ombudsman del policía.

Una de las causas más relevantes en el mal desempeño de la policía es la desprotección institucional en la que realizan su trabajo. La policía no puede proteger al ciudadano si ella misma no es sujeta de la mejor protección posible, tanto en su integridad física como en sus derechos. Reformas policiales significativas fuera de nuestras fronteras han creado al interior de la propia institución policial esta instancia especializada en su protección.

7. Reorganizar de manera integral la gestión de las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia penal, por medio de la adopción de indicadores de desempeño modernos y públicos.

Hasta ahora ha existido una tendencia creciente a evaluar el desempeño de estas instituciones con el empleo de indicadores que no reflejan el sentido de la verdadera eficiencia. Por ejemplo, crece la adopción de sistemas de evaluación de la eficacia policial con base en la cuota de remisiones, aun si tal indicador no rinde cuentas sobre la legalidad de cada remisión. Al mismo tiempo, no se adoptan indicadores cualitativos como medidas para evaluar la gestión, como por ejemplo la confianza ciudadana hacia la policía. La implantación de un sistema que combina adecuadamente indicadores cuantitativos y cualitativos, accesibles al público, logra la total reconstrucción de la denominada cultura institucional, es decir de los procesos y las actitudes de quienes forman parte de las entidades públicas.

8. Convocar a la Organización de las Naciones Unidas a la instalación de una comisión multinacional de expertos, encargada de evaluar el diseño normativo e institucional mexicano en seguridad pública y justicia penal, y emitir un informe de conclusiones y propuestas.

Los actores políticos no están logrando los acuerdos necesarios para enfrentar la inseguridad pública. La manipulación política de la inseguridad por parte de la mayoría de esos actores impide el desarrollo de debates informados técnicos. Esa mayoría emplea la inseguridad como instrumento para desacreditar al adversario, no como motivo de construcción de propuestas fundadas en el conocimiento. Por lo anterior, es necesario llamar a un actor externo que provea evaluación y propuestas fuera de toda sospecha de compromiso político interno alguno. La Organización de las Naciones Unidas es canal de asistencia técnica cuya legitimidad está fuera de cualquier duda. Hay evidencia empírica internacional de que la asistencia internacional acelera las reformas en seguridad pública y justicia penal, y reduce sus costos.

9. Vencer la inercia ciudadana hacia la tolerancia y exigencia de medidas autoritarias contra la violencia y el delito, por medio de campañas de información sobre sus efectos en contra de la propia sociedad y sobre la existencia de propuestas democráticas exitosas contra la inseguridad.

La sociedad no confía en las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia penal, y pide o tolera que se les confieran mayores poderes. Recientes encuestas levantadas en la Ciudad de México encuentran que aproximadamente la mitad de la población está dispuesta incluso a tolerar el riesgo del abuso de autoridad por parte de la policía, a cambio de que acabe con la delincuencia. Esta contradicción es común en las sociedades donde hay altos índices de temor y escaso conocimiento de modelos democráticos exitosos contra la inseguridad. El temor provoca un deseo colectivo de aplicación de medidas eficaces sin importar los costos y la sociedad pierde de vista que ella misma se conduce hacia mayores riesgos de afectación a sus derechos. Las campañas de información deben ser llevadas a cabo por las autoridades, el sector académico, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en estos temas.

10. Someter a revisión los criterios de reserva de información con respecto a la seguridad pública, adoptados tanto en las normas como por las instituciones responsables de la misma, bajo el nuevo sistema de acceso a la información pública, de manera que dichos criterios no sean utilizados para impedir el escrutinio legítimo por parte de los ciudadanos.

La promulgación de leyes de acceso a la información fue un logro importante para la democracia en México. Sin embargo, en lo que se refiere a seguridad pública el alcance de dichas leyes no parece estar claro y en algunos casos las instituciones están aplicando criterios restrictivos con base en argumentos insostenibles y antidemocráticos, como el que asocia la entrega de cualquier tipo de información en seguridad pública a poner en riesgo la seguridad nacional. Es necesario hacer una revisión técnica pública de esos criterios, en particular haciendo uso de la comparación frente a los sistemas de acceso a la información en esta esfera en regímenes democráticos consolidados.

Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C (Insyde)

Res Non Verba